La HISTORIA la hacen los hombres y mujeres inmersos en sus relaciones políticas, económicas y sociales, con sus ideas, anhelos, sufrimientos y luchas, con sus valores morales, debilidades, simpatías y contradicciones, sus triunfos y derrotas. La hacen desde su humanidad y en el lugar donde actúan.
Desde esa concepción, conocer la historia de la Institución “DEFENSOR DEL PUEBLO” y muy especialmente la de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE TUCUMÁN, sirve para comprender el potencial de quienes, en su interacción cotidiana con la comunidad, brindan sus mejores esfuerzos para engrandecer la Institución.
Fue en Suecia donde nace la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo tal como hoy en día la conocemos. Se le encargó el control de la observancia de las leyes por parte de los tribunales y funcionarios, facultándolo para demandar ante la Justicia a quienes en el ejercicio de su función hubieren descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo. La Institución, elevada en 1809 al rango Constitucional por el país nórdico, prontamente dio innumerables muestras de eficacia.
A partir de su incorporación en la Constitución Española de 1978 comienza, en Latinoamérica, un proceso rápido de adopción de la Institución.
En nuestro país, al reformarse en 1.994 la Constitución Nacional, se instituye la figura del Defensor del Pueblo de la Nación u Ombudsman Nacional.
En la Provincia de Tucumán, la Institución del “Defensor del Pueblo” fue creada por la Ley Nº 6.644, con la misión de ejercer la defensa y protección de los derechos e intereses legítimos de las personas y de la comunidad, consagrados en la Constitución Nacional, Provincial y Leyes dictadas en consecuencia, frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial.
La misma se inaugura con el Dr. Sergio Díaz Ricci como primer Defensor del Pueblo de Tucumán (1.995-1999), quién fue el propulsor de la citada Ley de Creación, en la convicción que este Organismo “constituye un mecanismo de control sobre la administración, dispuesto por el Parlamento en beneficio del ciudadano particular” (Sergio Díaz Ricci. “Rendición de Cuenta” 1.991-1.995, Pág.43).
La primera sede de la Defensoría del Pueblo estuvo en la calle Congreso de Tucumán al 500, hasta que en Marzo de 1998, el Poder Ejecutivo de la Provincia la autoriza a hacer uso de parte del inmueble donde funcionaba el Ex Banco de la Provincia, local que compartía con otros organismos del Estado.
En el período comprendido entre los años 2.000 a 2.003, el Ombudsman fue el Dr. Juan Eduardo Rojas, quien con su gestión, contribuyó a promover a la Defensoría del Pueblo como una herramienta útil para la sociedad.
En el año 2.004 y por un breve lapso, la Institución estuvo a cargo del Dr. Luís Eugenio Acosta.
En el mes de Septiembre de ese mismo año, la H. Legislatura de Tucumán, utilizando un nuevo procedimiento de selección, eligió al Dr. Jorge Alberto García Mena como Defensor del Pueblo de Tucumán, con mandato hasta el año 2.010.
Durante su gestión, se logró que la Institución adquiera raigambre Constitucional, incorporándola en el Capítulo Segundo: Órganos de Control, Art. 81º a 86º de la Constitución Provincial, reformada en el año 2.006, que establece que “Son atribuciones y deberes del Defensor del Pueblo la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, los Tratados Internacionales y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública provincial y municipal, o de prestadores de servicios públicos, siendo sus actuaciones gratuitas para el ciudadano”, dotándolo, en materia de su competencia, de legitimación procesal amplia.
El permanente y destacado accionar del Organismo a nivel regional, nacional e internacional han sido reconocidos en dichos ámbitos, integrando la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (A.D.P.R.A.) y la Federación Iberoamericana de Ombudsman (F.I.O.).
A partir del año 2.007, se contrata la locación de un moderno y amplio local, ubicado en calle Balcarce Nº 64 de San Miguel de Tucumán, el que cuenta con las comodidades y funcionalidad que debe tener todo Organismo cuya misión es la defensa y protección de los Derechos Fundamentales del Ciudadano, lo que demuestra la preocupación del Titular por brindar, a los administrados y a sus dependientes, un espacio de la jerarquía que merecen los ciudadanos.
Es evidente que en su corta existencia, la Institución ha logrado consolidarse como eficaz instrumento al servicio de la defensa de los derechos de todos los habitantes de la Provincia, transformándose en un canal que encauza la participación ciudadana y constituyéndose en un colaborador del Poder Administrador para contribuir con una eficaz gestión de la cosa pública.